“LA GUERRA SUCIA EN EL CONFLICTO DE LA EDUCACIÓN: DE LAS
MEDIAS VERDADES, EL ABUSO DE PODER Y LA INFAMIA RAMPANTE”*
Todo trabajador posee el legítimo
derecho a reivindicar una mejora en sus condiciones laborales. Los profesores
de Canarias,- que también somos trabajadores -, llevamos más de un año luchando
por la homologación de nuestro colectivo con el resto de funcionarios de la
Comunidad Autónoma del mismo grupo. Lo inédito de este conflicto es la hiriente
y ofensiva campaña de medias verdades, tergiversaciones e infamias que venimos
padeciendo por parte de nuestra propia Consejería y Gobierno.
La cuestión se torna más grave y
adquiere tintes más dramáticos cuando se juega con la ya de por sí devaluada
imagen del profesorado. Se ha obrado de manera irresponsable, alimentando una
hoguera en la que se conocía que el tópico burdo y la caricatura ramplona de un
colectivo de veinte mil trabajadores, ardería con facilidad. Con una opinión
pública que ya no nos respeta, fue sencillo colocarnos al pie de los caballos,
sólo hubo que ejercer lo que los ciudadanos les otorgamos: poder.
Resulta sorprendente que cuando
emiten en la televisión, radio o publican noticias y artículos sobre el
conflicto, (en especial en la provincia de Santa Cruz de Tenerife), no hay ni
una sola versión, testimonio o réplica del profesorado. Está el político, opina
el periodista demagogo, aparece el padre indignado, pero...¿dónde está el
profesor?, al fin y al cabo es el protagonista y algo debe tener que
comunicarnos. Alguien se olvidó de nosotros, hace ya demasiados años que nadie
nos considera ni tiene en cuenta, siquiera para la enésima reforma educativa
que padecemos.
Pero volvamos a las mentiras. No es
cierto que seamos el colectivo de docentes mejor pagado del Estado, como se ha
dicho, ni mucho menos que ganemos más que los profesores fineses, como la
atrevida, mas ignorante voz de un periodista radiofónico rubricó. Tampoco es
cierto que la homologación sea jurídicamente inviable, de hecho hubo ya un
período de tiempo, desde el año 1991 a 1995, en que estuvimos homologados. No
se comprende que el Gobierno de Canarias, a través de su Consejería, nos señale
como exclusivos responsables de los malos resultados educativos. ¿Y dónde queda
su gestión?, ¿quién nos ha gobernado a lo largo de más de una década?, ¿es que
sólo los profesores podemos mejorar el sistema?, ¿para qué cobra nuestra
Consejera un salario “homólogo” al de muchos ministros (81.072 euros)? Por
cierto, y ya que generalizamos, alguna responsabilidad tendrán los padres en la
educación de sus hijos, ¿o es que ya no se educa en las familias? Cada vez con
mayor descaro, se delegan en los docentes funciones propias de los padres y se
exige a los profesores que compensemos la orfandad y el abandono que sufren
muchos de nuestros alumnos. Nadie nos ha preguntado, nadie nos ha orientado ni
proporcionado la formación necesaria y a fe que una gran mayoría de
profesionales ejerce con compromiso y buena voluntad todo este nuevo abanico de
tareas que el cambio social trajo.
Como se puede ver, los profesores
no negamos la gran carga de responsabilidad que nuestra labor implica, pero no
es justo ni responde a la verdad que se nos culpe de manera exclusiva del
fracaso escolar. ¿Y el éxito escolar?, ¿alguien ha imaginado que la situación
aún podría ser peor y que quizá es sólo por el denodado compromiso de este
colectivo que el sistema no haga aguas y se hunda? ¿Conoce la Opinión Pública
las difíciles condiciones materiales y humanas en que trabajamos? No mendigamos
comprensión, exigimos sólo que se nos trate con respeto y ecuanimidad, como se
considera a otros trabajadores, ni más, pero tampoco menos.
Hace unas semanas, la
Administración volvió a presentarnos básicamente la misma propuesta que rechazó
el 80 % del profesorado de Canarias, en el referéndum de enero: ¿no resulta
esta actitud despreciativa y antidemocrática? Ya hemos cumplido los seis días
de huelga. En las dos últimas jornadas, la Consejería aumentó de manera
desproporcionada y unilateral los servicios mínimos acostumbrados: ¿qué temían?
Paralelamente, estudiaron la posibilidad de prolongar el calendario escolar
para “compensar” los días perdidos por las movilizaciones: ¿pretendían hacernos
trabajar las jornadas de huelga que, obviamente, nos descuentan de la nómina?
La ceremonia de la confusión alcanza el punto culminante cuando se reúnen con
las asociaciones de padres y nos desacreditan en un impostado gesto de
preocupación por la educación de sus hijos. La Consejería se preocupa
enormemente por la pérdida de tres días de clase durante el presente curso,
pero no es capaz de nombrar a un sustituto durante semanas y hasta meses, ¿con
qué suerte de hipocresía atacan a sus propios trabajadores?
Alguien nos juzga con doble moral,
alguien está usando todo su poder institucional y mediático para dividirnos,
desgastarnos y desprestigiarnos aún más, si cabe. La última mentira es que las
jornadas de huelga pasadas obedecían a una oscura conspiración, tramada en
vísperas electorales, por un contubernio político-sindical. Tales argumentos
paranoicos resultarían divertidos, de no constituir una injuria delirante, otra
horrenda infamia que actúa como combustible para la hoguera inquisitorial en la
que nos quieren ver arder.
Por encima de una Consejera desleal
y de un Gobierno manipulador, los profesores seguiremos trabajando y enseñando
a sus hijos, si es que asisten a la escuela pública.
*Lo
suscriben 29 profesores del IES Santa Ana (Candelaria, Tenerife)